El derecho agrario Chihuahua estuvo representado por Jorge Pazos Linares en el XXVIII Congreso Nacional y VIII Internacional de Derecho Agrario, celebrado el miércoles 28 de octubre en el Senado de la República.
El encuentro, presidido por el magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, reunió de forma virtual a especialistas, abogados, académicos, estudiantes, instituciones públicas y representantes de tribunales agrarios de distintas entidades e invitados internacionales.
La agenda incluyó los desafíos actuales del derecho agrario, su vínculo con el medio ambiente y la legislación, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre amparo y conflictos agrarios. También se entregaron reconocimientos y la presea Andrés Molina Enríquez.
En representación del Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas de Chihuahua, Pazos Linares centró parte de su exposición en la relación entre minería y propiedad social. Señaló que es necesario precisar cómo pueden participar ejidatarios y comuneros en proyectos que aprovechan recursos ubicados en sus territorios.
El abogado distinguió entre los recursos energéticos reservados al Estado, como los hidrocarburos y el litio, y los minerales cuyo aprovechamiento puede realizarse mediante concesiones privadas, conforme al marco constitucional y legal. Sobre el litio, indicó que su desarrollo y exploración aún presentan retos para definir su potencial económico.
Pazos Linares sostuvo que la legislación prevé mecanismos de participación para los ejidatarios en procedimientos vinculados con concesiones, pero persisten dudas sobre las condiciones para incorporarse como participantes o copropietarios de los proyectos.
Además, advirtió que la actividad minera requiere inversiones elevadas y que sus beneficios no necesariamente llegan de inmediato. Por ello, planteó fortalecer las reglas para que las comunidades agrarias puedan participar en condiciones justas y no queden excluidas de los beneficios derivados de los recursos de sus tierras.
A su juicio, los vacíos e incertidumbres legales pueden propiciar disputas entre empresas, propietarios y comunidades. Propuso revisar el marco minero y su relación con la legislación agraria.
Otro tema abordado fue la certeza jurídica de los pueblos indígenas. Pazos Linares mencionó las preguntas pendientes sobre posibles indemnizaciones a quienes poseen legítimamente tierras antes de que se resuelvan restituciones o reconocimientos de derechos territoriales.
También consideró necesario establecer criterios claros para identificar y reconocer a los pueblos originarios y sus derechos, con el propósito de reducir el riesgo de nuevos conflictos sociales y agrarios.
Durante su participación, el representante chihuahuense compartió además las conclusiones del primer Congreso Agrarista realizado en el estado, organizado por el colegio local 20 días antes. Ese encuentro reunió a especialistas, abogados y representantes de distintos sectores para analizar los retos del campo de Chihuahua.
Pazos Linares sostuvo que el derecho agrario debe responder a nuevas realidades económicas, ambientales y sociales, además de atender los conflictos tradicionales de ejidos y comunidades. En el congreso, esa perspectiva se vinculó con los debates sobre recursos naturales, propiedad social, derechos indígenas y seguridad jurídica sobre la tierra.
