El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 5 de noviembre que conmutará las sentencias de muerte de 548 personas condenadas en el estado. Las penas serán sustituidas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; la medida no contempla excarcelaciones.
Newsom explicó en una carta que actúa porque considera que la pena capital estatal es incompatible con los valores de California. El cambio busca sustituir las condenas de muerte por prisión de por vida.
Una política contra las ejecuciones
California no ejecuta a una persona desde 2006 y mantiene la mayor población de condenados a muerte del país. En 2019, Newsom decretó una moratoria a las ejecuciones y ordenó retirar los protocolos de inyección letal y cerrar la cámara de ejecución de la prisión de San Quintín.
“Matar intencionalmente a otra persona es incorrecto y, como gobernador, no supervisaré la ejecución de ningún individuo”, dijo entonces.
En 2021, el mandatario ordenó desmantelar el corredor de la muerte de San Quintín. Los reclusos fueron distribuidos en distintas prisiones estatales; las personas mayores y quienes padecían enfermedades crónicas fueron trasladados a centros con atención médica especializada.
El caso que reactivó las conversaciones
El intento fallido de ejecución de Christa Pike en Tennessee impulsó nuevas conversaciones de Newsom con sus principales asesores. Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital. Fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en Knoxville en 1995.
Según el relato publicado por The New York Times, los asesores de Newsom sostenían posturas distintas: algunos le recomendaban actuar antes de dejar el cargo en enero; otros advertían sobre el costo político de conceder clemencia a personas condenadas por asesinato. También se consideraba la posibilidad de una candidatura presidencial demócrata en 2028.
Newsom ha descrito la pena de muerte como “costosa”, “irreversible” e “irreparable”, y ha señalado su impacto desproporcionado en hispanos, afroestadounidenses y personas de bajos ingresos. En 2019 afirmó que el sistema había “desperdiciado” 5 mil millones de dólares desde 1978 para ejecutar 13 sentencias.
Entre 1973 y 2019, cinco personas condenadas a muerte en California y otras 159 en el resto del país fueron exoneradas mientras estaban en el corredor de la muerte, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
