El reclutamiento de menores y la interrupción de clases en comunidades afectadas por la violencia preocupan al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. En sus observaciones sobre México, aprobadas el 13 de noviembre de 2026, el organismo recomendó establecer una política nacional de prevención.
El Comité advirtió que la delincuencia organizada contribuye al cierre de escuelas, el abandono escolar y el desplazamiento forzado. También señaló amenazas y extorsiones que ocasionan pérdidas de empleos y medios de subsistencia.
Entre otros riesgos para niñas, niños y adolescentes, mencionó su reclutamiento y utilización por grupos delictivos, las desapariciones, la explotación sexual y la trata. Expresó preocupación porque no siempre se les reconoce como víctimas.
La recomendación es impulsar acciones preventivas en las comunidades, con participación de organizaciones civiles y de la propia infancia. También pidió investigar y sancionar prioritariamente desapariciones, feminicidios y otros delitos contra menores, además de establecer mecanismos de protección en los tres órdenes de gobierno.
En educación, el Comité solicitó mantener los servicios esenciales en todo el país mediante la presencia de autoridades civiles y proteger al personal responsable de prestarlos. Planteó evaluar, por estado y municipio, cómo afecta la inseguridad los derechos de la población, con atención especial a la infancia, las comunidades indígenas y las zonas rurales.
La violencia también puede impedir el acceso del personal de salud a ciertas localidades y suspender vacunaciones y tratamientos especializados, señaló el organismo.
El informe alertó además sobre posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales. El Comité pidió investigar violaciones de derechos relacionadas con esa participación, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar reparación integral a las víctimas.
Las familias de personas desaparecidas también enfrentan consecuencias educativas y económicas. El documento refiere que los hijos pueden abandonar la escuela, perder redes de apoyo y oportunidades de desarrollo, y quedar expuestos al acoso y la violencia. Las mujeres que buscan a sus familiares pueden perder empleo, ingresos, vivienda y seguridad social.
Para estas familias, recomendó asegurar apoyos económicos, servicios médicos y psicológicos, protección laboral y continuidad educativa para sus hijos, sin importar la entidad donde vivan. También pidió restablecer el presupuesto mínimo para atender a víctimas y garantizar fondos estatales para las familias afectadas por desapariciones.
Sobre el desplazamiento forzado interno, el Comité señaló la falta de una ley general. Propuso crear un registro nacional de personas y comunidades desplazadas y establecer condiciones que permitan un retorno seguro.
Educación, presupuesto y protección de la infancia
En materia educativa, el organismo cuestionó el bajo gasto por estudiante y los costos ocultos de la primaria. También apuntó a la baja permanencia en secundaria, las desigualdades para acceder a educación superior, la brecha digital y la violencia sexual en las escuelas.
Recomendó una estrategia integral contra el abandono escolar que considere la violencia, la pérdida de cuidadores, la separación familiar y el desplazamiento. Además, pidió aumentar la inversión por alumno y evaluar el efecto de las becas.
El Comité planteó supervisar escuelas públicas y privadas para prevenir y sancionar la violencia sexual, eliminar costos ocultos en primaria y fortalecer la educación intercultural bilingüe en comunidades indígenas. También observó reducciones en las asignaciones federales de 2026 para niñez, salud y educación media superior, y recomendó aumentar los recursos para garantizar esos derechos.
El documento menciona distintas formas de violencia contra la infancia. Entre ellas, los castigos corporales, que afectan al 46% de las niñas y niños de uno a cuatro años, así como el matrimonio infantil, las uniones forzadas y el trabajo infantil. Para combatir este último, pidió reforzar las inspecciones, en particular en la agricultura y el trabajo doméstico, y facilitar la reintegración escolar de los menores afectados.
El Comité también señaló que la pobreza sigue siendo elevada en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, especialmente entre comunidades indígenas y afromexicanas, y que persiste una brecha de acceso a derechos entre niñas y niños indígenas y no indígenas.
Respecto de menores migrantes, manifestó preocupación por su internamiento en centros de asistencia social y las restricciones que esto puede implicar para acceder a educación y salud. Solicitó garantizar ambos derechos sin importar su situación migratoria. Para personas con discapacidad, recomendó sustituir la educación especial segregada por un enfoque inclusivo y de calidad.
Finalmente, el organismo pidió fortalecer la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas ante amenazas, asesinatos y represalias. También recomendó garantizar la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



