Quince casos bajo escrutinio marcan los casi ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T), con denuncias, auditorías e investigaciones por presunta corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contratos irregulares. La revisión incluye expedientes que derivaron en órdenes de aprehensión o separaciones de funcionarios, pero que, según la información disponible en la nota, no habían producido sentencias firmes contra responsables de alto nivel.
Entre los episodios recientes está la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Los señalamientos reportados incluyen presuntos contratos a modo, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito; la nota indica que no había responsabilidades penales derivadas de esos señalamientos.
El expediente de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle, involucra a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión, pero el caso seguía sin sentencias, de acuerdo con el recuento.
En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos llevaron a la separación de seis funcionarios en abril del año pasado, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se reportaron al menos 13 investigaciones, sin declaraciones de culpabilidad.
Otro expediente se relaciona con el llamado huachicol fiscal. En marzo de 2025 fueron asegurados alrededor de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas. Entre los detenidos estuvieron los hermanos y exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. La nota señala que no había una investigación contra su tío político, el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
En esos expedientes también se mencionó a Andrés Manuel López Beltrán. Testigos protegidos y declaraciones de marinos procesados afirmaron que se invocaba su nombre para “destrabar” la entrada de combustible ilegal. La FGR sostuvo oficialmente que no contaba con elementos suficientes para investigarlo.
La Auditoría Superior de la Federación presentó cinco denuncias penales ante la FGR por irregularidades en las cuentas públicas de 2019 a 2022 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dirigida entre 2019 y 2024 por Ana Gabriela Guevara. El recuento no reportaba detenciones por esas denuncias.
En el proyecto del Tren Maya, la ASF identificó pagos a sobreprecio y anticipados, documentación insuficiente, diferencias en volúmenes de obra y fallas en supervisión y control contractual. Se reportaron al menos cinco denuncias penales contra Rogelio Jiménez Pons y otros exdirectores de Fonatur. La FGR mantenía las indagatorias en “integración técnica”, sin procesos penales.
La Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, también figura en la lista. El texto fuente estima que el proyecto pasó de un costo de 8 mil millones de dólares a más de 20 mil millones y menciona al menos 35 denuncias contra la exsecretaria de Energía Rocío Nahle, sin que alguna hubiera sido judicializada.
En 2022, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, fueron señalados por ocupar una residencia en Houston propiedad de Keith Schilling, entonces ejecutivo de Baker Hughes, empresa con contratos con Pemex. La Secretaría Anticorrupción concluyó que no existió conflicto de interés.
También se consignan denuncias contra Jorge Amílcar Olán Aparicio y Alejandro Castro Jiménez Labora, descritos como amigos de Andrés Manuel López Beltrán. En otro caso, Marcelo Ebrard Casaubon reconoció en abril de 2026 que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó cerca de seis meses en la residencia de la Embajada de México en Londres, cuando estaba a cargo de Josefa González Blanco. Ebrard afirmó que no hubo uso indebido de recursos públicos.
La lista incluye los videos de Pío López Obrador, hermano del expresidente, en los que aparece recibiendo sobres con dinero presentado como presuntas aportaciones políticas. En agosto de 2025, el INE determinó que no había elementos suficientes para acreditar que el efectivo hubiera beneficiado a Morena.
En el ámbito de seguridad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de vínculos con Los Chapitos. La nota refiere que Estados Unidos envió una solicitud de detención con fines de extradición, pero el gobierno mexicano alegó falta de pruebas para proceder.
En Tabasco, la captura de Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de La Barredora y exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, generó otro frente de controversia. El recuento menciona 37 denuncias contra el exgobernador, archivadas bajo el argumento de que no había pruebas que lo incriminaran.
Entre 2018 y 2024 se presentaron 209 denuncias contra delegados federales por presunto manejo indebido de programas sociales. De esas indagatorias, 181 expedientes fueron archivados por la Secretaría Anticorrupción.
Además, María Elena Álvarez-Buylla Roces, exdirectora del Conahcyt, fue señalada por la presunta adjudicación directa de un contrato superior a 4 millones de pesos a un despacho de arquitectos que diseñó la casa de su hija, Jimena García Álvarez. Se presentaron tres denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y una penal ante la FGR; la nota no reportaba consecuencias jurídicas.
La exconsejera electoral Jacqueline Peschard atribuyó la falta de avances a que la FGR y los poderes Legislativo y Judicial están “cooptados” y alineados con Morena. A su juicio, esa situación ha provocado “una parálisis en las investigaciones y la falta de sanciones contra funcionarios de alta jerarquía vinculados a presuntos actos de corrupción”.
Peschard también advirtió que los casos nuevos pueden desplazar la atención de expedientes anteriores. Consideró que el debilitamiento de los contrapesos y la falta de autonomía de fiscalías y jueces dificultan el seguimiento de las denuncias.
Norma Julieta del Río Venegas, excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuestionó la respuesta institucional y alertó sobre la normalización de los escándalos. “¿Dónde están las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción?”, preguntó.
