Broxel, empresa que enfrenta denuncias y revisiones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, distribuye monederos electrónicos a diputados de Morena. La Cámara de Diputados también utiliza sus tarjetas para dispersar recursos, según la información disponible.
Los plásticos se emplean para entregar vales de despensa a trabajadores de San Lázaro y vales de gasolina a legisladores. Además, 254 integrantes de Morena habrían recibido tarjetas precargadas con 10 mil pesos cada una.
La coordinación administrativa de la bancada describió el apoyo como un “adelanto de 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año”, repartido en tres tarjetas por diputado.
Denuncias y sanciones reportadas
En diciembre de 2025, se presentaron denuncias contra Broxel ante la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Los señalamientos aludían a contratos asignados sin licitación y posibles conflictos de intereses.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisar una licitación federal de vales de despensa. “Le pedimos a Raquel Buenrostro que pueda revisar de inmediato e informar sobre el avance y estatus de esta licitación”, declaró.
La dependencia informó que daba seguimiento a un procedimiento de inconformidad contra Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., y que realizaba investigaciones para determinar posibles responsabilidades conforme a la ley.
En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores amonestó a la compañía por entregar fuera de plazo reportes de 2018 relacionados con la prevención de lavado de dinero. En 2022, el organismo también le impuso una sanción económica por proporcionar información que calificó como falsa, imprecisa e incompleta.
Contratos bajo cuestionamiento
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por mil 583.9 millones de pesos en Liconsa. Broxel había sido contratada por la administración de Segalmex-Liconsa para administrar y dispersar recursos mediante tarjetas de prepago.
Otro expediente presentado en 2025 pidió auditar contratos de la empresa por presuntas triangulaciones financieras y conflictos de intereses. Entre los casos señalados figuraron convenios con el Infonavit obtenidos entre 2016 y 2024; el expediente indicó que 80% se adjudicó directamente.
También se cuestionó una licitación federal por más de 10 mil millones de pesos. Broxel ofreció una bonificación cercana al 6%, pero, tras el fallo del 8 de diciembre, sostuvo que ese porcentaje no era viable y buscó reducirlo a 3%, según lo expuesto por la Presidenta.
Pese a las denuncias y revisiones descritas, la empresa continúa como proveedora de organismos públicos y otros poderes. La entrega de tarjetas a legisladores de Morena volvió a poner bajo atención sus operaciones con el sector público.
