La demanda contra Harvard promovida por el gobierno del presidente Donald Trump fue desestimada por un juez federal en Boston. El caso señalaba a la universidad por presuntamente no actuar ante el acoso contra estudiantes judíos.
El juez de distrito Richard G. Stearns concluyó que el gobierno no acreditó una violación actual de las leyes federales de derechos civiles.
La demanda fue presentada en marzo. Se apoyaba principalmente en hechos del ciclo escolar 2023-2024 y en algunos incidentes ocurridos en marzo de 2025.
Incidentes no acreditaron un patrón persistente
Stearns consideró que los casos expuestos eran demasiado aislados y episódicos para demostrar una afectación continua de derechos civiles en el campus de Cambridge, Massachusetts.
Ni la Universidad de Harvard ni el Departamento de Justicia emitieron comentarios sobre la resolución judicial.
La administración Trump acusó a la institución de no proteger a estudiantes judíos durante las protestas propalestinas posteriores al ataque de Hamás contra Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023.
Según el gobierno, autoridades universitarias no respondieron mientras estudiantes judíos eran “acosados, agredidos físicamente, perseguidos y les escupían”.
Harvard declaró tras la presentación del caso que “se preocupa profundamente por los miembros de nuestra comunidad judía e israelí y sigue comprometida a garantizar que sean acogidos, respetados y puedan prosperar en nuestro campus”.
Harvard reportó medidas internas
Alan M. Garber, presidente de Harvard, informó que la universidad creó un grupo de trabajo para combatir el antisemitismo.
También señaló que la institución contrató a un nuevo jefe académico y nuevos decanos. Además, reformó sus políticas disciplinarias para volverlas “más coherentes, justas y eficaces”.
La demanda contra Harvard buscaba recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales de investigación otorgadas desde octubre de 2023.
Funcionarios de Trump argumentaron que podían reclamar esos recursos mediante el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa norma federal prohíbe la discriminación por raza u origen nacional.
El litigio fue parte de varias acciones emprendidas por el gobierno contra Harvard. La confrontación surgió luego de que la universidad rechazó exigencias planteadas por la Casa Blanca.
En otro proceso, un juez federal ordenó el año pasado revertir más de 2 mil 600 millones de dólares en recortes de financiamiento federal a Harvard.
Esa resolución determinó que la Casa Blanca impuso condiciones inconstitucionales al financiamiento. También sostuvo que el antisemitismo fue usado como una “cortina de humo para un ataque selectivo, motivado ideológicamente” contra las universidades.
Harvard y el gobierno mantuvieron negociaciones durante su disputa. Trump declaró que ambas partes estuvieron cerca de un acuerdo, pero la demanda civil presentada en marzo reflejó un nuevo estancamiento.
