Los registros de violencia en México bajaron durante los primeros ocho meses de 2026, pero la reducción no basta para concluir que las organizaciones criminales perdieron fuerza. Un estudio publicado por West Point advierte que los grupos modificaron sus tácticas y desplazaron disputas a otros municipios.
El análisis de Sandra Pellegrini, responsable regional para América Latina y el Caribe de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), reportó una caída aproximada de 19 por ciento en los eventos violentos de grupos armados no estatales entre enero y agosto de 2026, frente al mismo periodo de 2025. La cifra excluye los enfrentamientos de esos grupos con fuerzas gubernamentales.
El documento, titulado “Presión y adaptación: la transformación del panorama criminal de México bajo Sheinbaum”, apareció en septiembre de 2026 en CTC Sentinel, revista del Centro de Combate al Terrorismo de West Point. Sus hallazgos describen cambios coincidentes con la ofensiva federal, pero no prueban que esta haya causado por sí sola las variaciones observadas.
Menos enfrentamientos, con diferencias regionales
Los choques entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales aumentaron 26 por ciento en 2025 respecto al año anterior: pasaron de 851 a mil 75. En cambio, del 1 de enero al 28 de agosto de 2026 se registraron 621, frente a 780 en el mismo lapso de 2025, una disminución de 20.4 por ciento.
La tendencia varió según la entidad. ACLED reportó bajas de 29 por ciento en Sinaloa, 15 por ciento en Michoacán y 41 por ciento en Jalisco. Morelos mostró el sentido opuesto, con un aumento cercano a 78 por ciento.
En Sinaloa, la reducción de hechos en Culiacán coincidió con el refuerzo federal y las acciones contra dirigentes, en medio del conflicto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos. Al mismo tiempo, los incidentes se duplicaron en Mazatlán y se quintuplicaron en Escuinapa respecto de 2025.
En Michoacán, los registros cayeron 31 por ciento en Apatzingán y 55 por ciento en Buenavista. Sin embargo, el estudio señaló que las disputas se extendieron hacia zonas aguacateras y comunidades de la Meseta Purépecha, donde los grupos buscaban conservar actividades económicas sujetas a extorsión.
En Morelos, las acciones contra redes de extorsión, las capturas de líderes criminales y las detenciones de funcionarios municipales presuntamente vinculados con grupos delictivos coincidieron con un repunte de la violencia. En Yautepec, los hechos registrados entre enero y agosto de 2026 casi duplicaron el total de 2025; en Cuautla, alcanzaron cinco veces esa cifra. El estudio también mencionó detenciones de autoridades dentro de la Operación Enjambre.
Jalisco registró menos incidentes, pero el análisis consideró que esto no demostraba el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, murió durante una operación federal en febrero de 2026. Aun así, el documento describió al CJNG como una organización que conservaba cohesión y capacidad operativa, y planteó que el descenso podía reflejar un repliegue táctico.
Drones, explosivos y desapariciones
El estudio identificó un mayor uso de agresiones a distancia y métodos que reducen la exposición de los grupos a enfrentamientos directos. ACLED documentó al menos 54 ataques con drones atribuidos a organizaciones criminales durante 2026, principalmente en Sinaloa y Michoacán. Según el análisis, dispositivos usados antes para vigilancia o transporte de drogas también comenzaron a emplearse para lanzar explosivos improvisados.
En Michoacán, ACLED registró al menos 33 incidentes con explosivos remotos, minas terrestres o artefactos explosivos improvisados entre enero y agosto de 2026, cerca del total contabilizado durante todo 2025. El informe relacionó esas tácticas con disputas por el control de zonas agrícolas de aguacate y limón, donde la extorsión forma parte de las economías criminales, y advirtió sobre los riesgos para trabajadores y comunidades.
Otra forma de violencia señalada fueron las desapariciones forzadas. Para Pellegrini, medir la seguridad sólo mediante homicidios o enfrentamientos armados puede ocultar cambios en las formas de intimidación y control territorial. El análisis propone considerar también la extorsión y el cobro de piso, además de la permanencia de las redes criminales y su capacidad para reorganizarse.
Pellegrini describió la estrategia federal como un giro hacia acciones contra mandos, finanzas y logística. A diferencia de un enfoque limitado a capturar dirigentes, explicó, también se ha recurrido a inteligencia, despliegues federales y programas sociales dirigidos a condiciones que facilitan el reclutamiento. Comparó algunos elementos con la captura de grandes capos durante el gobierno de Felipe Calderón, pero consideró prematuro evaluar los resultados definitivos.
El documento concluye que la presión gubernamental coincide con cambios en las tácticas y la distribución territorial de la violencia. Advierte, sin embargo, que concentrar operativos puede trasladar disputas a otras localidades. Para valorar la estrategia, plantea observar no sólo la cantidad de enfrentamientos, sino también las desapariciones, la extorsión, el control criminal y la respuesta de las organizaciones ante las acciones del Estado.
