Las deportaciones durante el segundo mandato de Donald Trump sumaron cerca de 980 mil entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, de acuerdo con un análisis del Migration Policy Institute (MPI). La cifra equivale a un ritmo inferior a la meta de un millón anual planteada por el presidente.
El cálculo reúne datos de agencias migratorias obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha difundido reportes mensuales detallados de detenciones y deportaciones de ICE y CBP desde enero de 2025.
En términos anualizados, el análisis estima unas 620 mil deportaciones en el primer año fiscal del segundo mandato y un ritmo de aproximadamente 660 mil para el año fiscal 2026. El periodo fiscal estadounidense va de octubre a septiembre.
La mayoría de las personas deportadas —69 por ciento— había sido interceptada inicialmente en la frontera. El resto de los casos correspondió a detenciones originadas dentro de Estados Unidos, cuya proporción creció durante el periodo: pasó de 28 por ciento en 2025 a 39 por ciento en julio de 2026.
También aumentó el promedio mensual de deportaciones derivadas de arrestos en el interior del país. MPI lo sitúa en ocho mil durante los primeros tres meses del mandato y en 19 mil entre mayo y julio de 2026.
Al excluir las devoluciones inmediatas en la frontera, el análisis contabiliza 390 mil deportaciones por ICE de personas que llevaban al menos dos años en Estados Unidos. De ellas, 90 mil habían residido allí una década o más.
Entre quienes acumulaban dos años o más de residencia, 71 por ciento no tenía condenas penales, según MPI. En el grupo con al menos diez años en el país, la proporción sin condena fue de 61 por ciento.
En el total de 980 mil deportaciones atribuidas a ICE y CBP, unas 190 mil —20 por ciento— correspondieron a personas condenadas por algún delito. El informe señala que el 31 por ciento de las expulsiones formales involucró a personas con condenas.
Los resultados contrastan con el énfasis de la administración Trump en priorizar la expulsión de personas con antecedentes penales. El análisis fue elaborado por Marc Rosenblum, investigador del MPI y exdirector ejecutivo de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional del DHS.
