La investigación por contratos del INE llegó a las oficinas centrales del organismo y a la Torre Zafiro, en el sur de Ciudad de México. La presidenta provisional del Consejo General, Blanca Cruz García, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió información a distintas áreas.
En la sede de Viaducto Tlalpan y Periférico, los agentes requirieron material de la Secretaría Ejecutiva. En la Torre Zafiro, ubicada en Jardines del Pedregal, revisaron archivos de la Dirección de Recursos Materiales.
Las diligencias buscan indicios sobre la asignación de contratos a empresarios relacionados con Guadalupe Taddei, expresidenta del instituto. El 6 de noviembre, consejeros del INE presentaron una denuncia ante la FGR por posibles conflictos de interés entre Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Por separado, el Órgano Interno de Control informó a la Cámara de Diputados que turnó seis denuncias penales a la Fiscalía. Mencionó posibles delitos de uso ilícito de atribuciones, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho, además de otros que determine la autoridad.
Según Cruz García, los agentes ingresaron a la Secretaría Ejecutiva, cuyo encargado del despacho es Roberto Félix López, y a la Dirección de Administración. En esta última laboraban operadores del proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
“Esto no es algo que nos avisen, ellos nos requieren y nosotros solo disponemos del acceso, las sedes y las áreas. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender con diligencia y cooperación”, dijo la funcionaria.
La presidenta provisional aclaró que no hubo diligencias en la oficina de Taddei. Indicó que las autoridades pueden solicitar documentos, contratos u otros antecedentes y regresar con nuevos requerimientos; pedir información no implica necesariamente una revisión física de todas las áreas.
Cruz García señaló que las pesquisas pueden incluir auditorías forenses y la obtención de documentos digitales o copias. El propósito, explicó, es establecer qué funcionarios intervinieron en los procesos de contratación y rastrear el flujo del dinero.
“Pueden pedir un acuerdo, oficio, unos contratos. Ellos revisan documentos y en el trámite supervisan los procedimientos de colaboración, qué áreas participaron, quién requirió, cuáles fueron las órdenes, entre otras cosas”, expuso ante periodistas.
Agregó que las autoridades competentes pueden pedir acceso a las instalaciones para revisar información. Las indagatorias continúan.
