Ernesto Ruffo Appel dejó este sábado el penal federal El Altiplano, en el Estado de México, tras obtener prisión domiciliaria. El exgobernador de Baja California continuará en su vivienda de Ensenada el proceso que enfrenta por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La salida ocurrió el 26 de septiembre, alrededor de las 16:30 horas, bajo custodia de agentes de la Guardia Nacional. Ruffo Appel, de 74 años, había permanecido recluido desde el 19 de julio.
La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega modificó la medida cautelar un día antes. Dio un plazo de 48 horas para trasladarlo desde el penal mexiquense a Ensenada, Baja California.
Durante una audiencia de más de dos horas, la defensa sostuvo que el Código Penal Federal permite a imputados mayores de 70 años enfrentar el procedimiento desde casa. También entregó un expediente clínico y expuso que el político requiere tratamiento por enfermedades crónico-degenerativas.
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada por elementos de la Fiscalía General de la República. La investigación lo relaciona con una presunta red de comercio ilegal de combustibles y con el llamado huachicol fiscal.
La investigación financiera
La carpeta de investigación señala a Ingemar, empresa fundada y controlada mayoritariamente por Ruffo Appel. La FGR investiga su posible participación en una red de contrabando de combustibles procedentes de Estados Unidos.
Según las indagatorias, la empresa recibió más de 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales. Además, registró operaciones de divisas superiores a mil 386 millones de dólares.
Las autoridades describen un esquema de depósitos y dispersiones rápidas, con saldos finales reducidos. El análisis identifica ese patrón como el uso de “cuentas puente”.
La Fiscalía sostiene que la red declaraba menores volúmenes de combustible o registraba los hidrocarburos como productos distintos. La hipótesis es que esas prácticas buscaban evadir impuestos.
La indagatoria ubica a Crismón Hidrocarburos y Derivados como principal fuente de financiamiento de Ingemar. También menciona transferencias a Belar Fuels Company LLC, Unico Commodities LLC y Dragados y Puertos.
Las autoridades identificaron unas 80 cuentas usadas para recibir y dispersar recursos. Estiman daños fiscales superiores a 4 mil millones de pesos y reportan órdenes de aprehensión contra 25 personas.
De acuerdo con reportes de Reforma, el traslado a Ensenada sería por tierra y duraría dos días. El diario informó que familiares acondicionaron la vivienda conforme a las indicaciones para cumplir el arresto domiciliario.
