El caso Ayotzinapa abrió una nueva línea de investigación que derivó en la captura de siete personas, por presuntos vínculos entre la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense de Iguala.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, informaron que los detenidos fueron enviados al penal federal del Altiplano.
Pazarán Álvarez explicó que la revisión de registros telefónicos, conocidas como “sábanas telefónicas”, permitió establecer la relación bajo investigación. El expediente corresponde a la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
Medina señaló que las autoridades han revisado millones de documentos y registros con tecnología actualizada. El objetivo es ampliar la búsqueda, analizar videograbaciones y profundizar en posibles responsabilidades de funcionarios de la época.
También dijo que continuará el diálogo con madres y padres de los estudiantes. Afirmó que cada dato deberá ser contrastado y que ninguna persona estará por encima de la ley.
La unidad especial reportó 162 expedientes activos: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales. En total, 168 personas enfrentan procesos; 130 permanecen privadas de la libertad y 38 tienen otras medidas cautelares.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se ejecutaron órdenes de aprehensión contra nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete exservidores públicos, una exmagistrada, una visitadora judicial, un médico legista, dos empresarios y cuatro civiles.
