El rezago en la Corte asciende a 1,479 asuntos acumulados desde 2014, según afirmó Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una entrevista, el ministro señaló que encontró expedientes con antigüedades de hasta 12 años. Explicó que su administración busca disminuir esa carga sin dejar de atender casos urgentes o de vigencia anual.
Casos complejos siguen en análisis
Aguilar dijo que entre los asuntos pendientes se encuentran temas de doble tributación y prisión preventiva oficiosa. Reconoció que ambos requieren un análisis más amplio que otros expedientes ya resueltos.
El presidente de la Corte afirmó que esos casos no han sido archivados. Añadió que espera llevarlos a resolución antes de que concluya el año.
También indicó que actualmente le quedan 44 asuntos bajo su responsabilidad. Explicó que cada ministro organiza su propia ponencia, por lo que no puede ordenar prioridades individuales.
Defiende autonomía del tribunal
Ante las críticas sobre una supuesta cercanía con el Poder Ejecutivo, Aguilar rechazó que la Corte dependa de alguno de los poderes del Estado.
Explicó que la institución mantiene coordinación con dependencias y autoridades cuando existen temas de interés. Sin embargo, sostuvo que esa comunicación no implica subordinación.
“No hay dependencia”, expresó al referirse a la relación entre el máximo tribunal y el Gobierno federal.
Sobre los juicios fiscales relacionados con Ricardo Salinas Pliego, Aguilar afirmó que las resoluciones estuvieron sustentadas en argumentos jurídicos. Negó que hubieran respondido a criterios políticos.
Productividad y discusiones del pleno
El ministro defendió el desempeño del pleno tras la desaparición de las salas. Señaló que la Corte resolvió 88% de los asuntos ingresados, incluyendo expedientes en rezago.
Según su planteamiento, si el tribunal hubiera iniciado sin pendientes, solo 4% de los casos continuaría en trámite. Agregó que la Secretaría y la Subsecretaría de Acuerdos aplican criterios más estrictos para admitir asuntos.
Aguilar sostuvo que los desacuerdos públicos entre ministros forman parte de deliberaciones reales. Dijo que no existen acuerdos previos para controlar las posiciones expresadas en las sesiones.
También señaló que la Corte debe revisar con cuidado cada expediente antes de emitir una decisión definitiva. Afirmó que, por ser un órgano terminal, sus fallos no tienen una instancia posterior de corrección.
Perspectiva social y convocatoria de 2028
Para la siguiente convocatoria de personas juzgadoras, Aguilar propuso una etapa previa para identificar perfiles calificados. Consideró que deben participar integrantes de la carrera judicial y personas de la sociedad civil.
Finalmente, planteó que la Corte consolide criterios sobre pueblos indígenas, mujeres, campesinos, ejidos, comunidades agrarias, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual.
El ministro añadió que el tribunal también debe ofrecer certeza a quienes invierten en México. Aseguró que la reforma judicial no modificó la Constitución, las leyes ni los métodos de interpretación.
