Los amparos de César Duarte serán revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pleno acordó atraer dos recursos para resolver qué límites existen al procesar en México a una persona entregada por Estados Unidos.
La discusión se relaciona con la llamada regla de especialidad. El artículo 17 del tratado de extradición entre ambos países establece que los cargos pueden ampliarse únicamente con el consentimiento del Estado que realizó la entrega.
El primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del décimo séptimo circuito remitió el asunto al máximo tribunal. Pidió una definición en los amparos en revisión 1241/2024 y 1783/2024.
La Corte deberá establecer si Duarte tenía derecho a audiencia y defensa antes de que México solicitara autorización a Estados Unidos para investigarlo por una causa distinta.
El exgobernador de Chihuahua fue extraditado en junio de 2022. En ese momento enfrentaba imputaciones por asociación delictuosa y peculado agravado por más de 96 millones de pesos.
En 2023 promovió un amparo contra una nueva causa penal. Argumentó que la solicitud mexicana ante Estados Unidos se hizo sin darle audiencia. Una jueza federal anuló la audiencia inicial realizada en agosto de ese año, dejó sin efecto la orden de aprehensión ligada al caso y ordenó su libertad.
Las autoridades federales recurrieron esa decisión. Sostienen que el consentimiento estadounidense es un acto de cooperación diplomática, no un procedimiento adicional de extradición. Por ello, consideran que no corresponde una audiencia para el extraditado.
Desde diciembre de 2025, Duarte enfrenta además un proceso federal por presunto lavado de dinero. Permanece recluido en el penal del Altiplano.
