Autoridades estatales y organismos participantes definieron líneas de trabajo para atender el desplazamiento forzado en comunidades de la Sierra de Chihuahua, informó Guillermo Hinojos Hinojos, fiscal de Distrito Zona Sur.
El funcionario señaló que la problemática está vinculada con la presencia de grupos del crimen organizado. Los acuerdos se establecieron en una reunión, pero aún no hay fecha para el próximo encuentro.
Hinojos Hinojos indicó que se dará seguimiento a los compromisos y se revisarán sus avances. Consideró indispensable la intervención de los tres niveles de gobierno, pues ninguna autoridad puede responder por sí sola a las necesidades de las comunidades afectadas.
En Guadalupe y Calvo, habitantes han solicitado apoyo estatal para salir de sus localidades debido a la violencia. El fiscal aseguró que continúan activos los mecanismos para atender a la población y recibir reportes.
Agentes de la Agencia Estatal de Investigación y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentran en la región por instrucciones de Gilberto Loya, dijo. También mantienen coordinación con el Ejército Mexicano para brindar asistencia y seguridad.
El fiscal reconoció que el personal operativo enfrenta riesgos al ingresar a comunidades consideradas de alta peligrosidad, donde sus habitantes requieren apoyo de las corporaciones.
Las próximas reuniones, agregó, servirán para avanzar en las medidas y reforzar la respuesta institucional ante las familias que han dejado sus hogares por la violencia.
