La violencia sexual contra menores dejó 1,093 víctimas en Ciudad Juárez durante 2025, de acuerdo con la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). La diputada María Antonieta Pérez Reyes pidió crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes.
El registro contabilizó 564 víctimas menores de edad por violación y 529 por abuso sexual. En el primer delito, los casos aumentaron 9.5 por ciento frente a 2024, cuando se reportaron 515.
El informe del IMIP también reunió 2,365 víctimas menores en cinco categorías: violencia familiar, violación, abuso sexual, omisión de cuidados y maltrato infantil. De ellas, 1,588 eran niñas, equivalentes al 67.1 por ciento; 1,315 tenían entre cero y 11 años.
Por separado, entre enero y septiembre de 2026 se iniciaron 483 carpetas de investigación por violación en Juárez, según datos de incidencia delictiva publicados el 1 de noviembre. El total incluye víctimas de todas las edades, no solo menores. La cifra colocó al municipio en primer lugar nacional por investigaciones iniciadas por ese delito y equivale a un promedio cercano a 1.8 carpetas al día.
Pérez Reyes sostuvo que los delitos contra niñas, niños y adolescentes requieren atención especializada desde la primera denuncia. Su propuesta plantea presupuesto propio, personal exclusivo y capacidad técnica para investigar.
El esquema incluiría equipos de ministerios públicos, policías, psicólogos y médicos especializados, cobertura estatal y una sede fortalecida en Ciudad Juárez. También propone informar sobre investigaciones pendientes, casos que llegan a tribunales y tiempos de respuesta, con protección a la identidad de las víctimas.
La legisladora señaló que las familias no deberían tener que insistir ante las autoridades ni asumir el seguimiento de las investigaciones. La responsabilidad de investigar y procurar justicia, afirmó, corresponde al Estado.
La iniciativa busca que la atención incluya recursos suficientes, personal capacitado, apoyo psicológico y médico, medidas de protección y resultados verificables. Pérez Reyes advirtió que la creación de una oficina, por sí sola, no garantizaría justicia.
