La Cuenta Pública 2025 tiene más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración en la segunda entrega de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al sumar los 600 millones observados en junio, el monto reportado asciende a 9 mil 600 millones. La revisión corresponde al primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Al presentar los informes ante la Cámara de Diputados, el auditor superior Aureliano Hernández informó que la ASF ha interpuesto 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, durante los primeros seis meses de su gestión. Las 21 denuncias anunciadas en la primera entrega, dijo, ya fueron judicializadas.
Entre los casos federales, Hernández señaló observaciones al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. En conjunto, suman 2 mil 327 millones de pesos que deberán aclararse durante el proceso de fiscalización.
El auditor mencionó denuncias vinculadas con obras pagadas que no se realizaron, equipo médico de alta especialidad que no fue localizado y documentos presuntamente apócrifos sobre cuotas de seguridad social de trabajadores de intendencia.
En las auditorías a entidades federativas, quedaron más de mil 200 millones de pesos por aclarar, principalmente en educación y salud. Antes de que concluyeran las revisiones, los gobiernos reintegraron mil 132 millones. La ASF mencionó entre ellos a Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California.
Salud concentró 553 millones de pesos de esos reintegros. Hernández indicó que los recursos podrían destinarse a medicamentos, insumos, equipamiento y mejores condiciones de atención.
Por separado, las revisiones a 42 municipios dejaron más de 5 mil 200 millones de pesos sin acreditar ante la ASF.
Advertencia sobre intermediarios y proveedores
En referencia a presuntos actos de corrupción relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), Hernández aclaró que la ASF no tiene gestores ni representantes particulares y tampoco trabaja con despachos. Añadió que presentó nueve denuncias penales por prácticas de “coyotaje”.
El titular del órgano fiscalizador llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a verificar que sus proveedores cumplan con obligaciones fiscales y de seguridad social desde el inicio y durante la vigencia de sus contratos.
