Autoridades de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua informaron la detención y vinculación a proceso penal de dos mujeres, empleadas de guarderías en Ciudad Juárez, por delitos de abuso sexual cometidos contra niñas y niños de entre 2 y 4 años de edad.
Las acusadas son Rosa Iveth V.G., de 22 años, trabajadora de la guardería “Mi Mundo de Colores”, y Lourdes Z.M., empleada de la guardería “Loon”. Ambas enfrentan cargos relacionados con abuso sexual infantil.
Rosa Iveth fue vinculada a proceso el pasado 8 de marzo por el presunto abuso de una niña de tres años, ocurrido entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 dentro de la guardería “Mi Mundo de Colores”, ubicada en la colonia Partido Doblado. Por su parte, Lourdes Z.M. permanece en prisión preventiva y está imputada por 15 casos de abuso sexual contra menores de entre 2 y 4 años.
Además, el 9 de abril fue detenida Teresa Johana T.E., de 21 años, por su presunta responsabilidad en el delito de violación con penalidad agravada. Los hechos ocurrieron en la guardería “Mi Pequeño Tambor”. Su situación jurídica será determinada el próximo lunes.
Otra cuidadora de “Mi Mundo de Colores”, identificada como Sonia Yasmín C.L., es investigada por abuso sexual y se encuentra en espera de audiencia inicial, debido a un amparo interpuesto.
Desde enero, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) ha abierto 71 carpetas de investigación relacionadas con posibles casos de abuso sexual infantil en cinco guarderías de Ciudad Juárez. En total, 218 menores de entre 1 y 4 años han sido evaluados mediante exámenes médicos y psicológicos, bajo el protocolo “Antenas”.
Según explicó la fiscal Wendy Chávez Villanueva, la mayoría de los casos corresponden a delitos de carácter sexual, aunque también se han detectado algunos por maltrato infantil y un caso de violencia familiar.
El protocolo incluye entrevistas a madres y padres para detectar posibles indicadores de abuso, así como evaluaciones médicas a los menores. En aquellos casos donde las y los niños han podido identificar a un agresor, las imputaciones han recaído directamente sobre personal cuidador.
Las investigaciones continúan en curso, mientras las autoridades reiteran su compromiso para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
