El caso de chips Nvidia en Taiwán involucra a un gerente de apellido Chang, acusado junto con otras ocho personas por la presunta salida ilegal de servidores con tecnología avanzada hacia China.
La Fiscalía del Distrito de Keelung sostiene que Chang habría facilitado la aprobación de una venta de 130 servidores a un proveedor local de infraestructura. Según la acusación, el comprador no tenía espacio suficiente para instalar los equipos en un centro de datos y el dinero para pagarlos procedía de una entidad china.
Los fiscales también alegan que Chang ocultó esa información. El portavoz de la Fiscalía, Chen Po-wen, dijo que el empleado podría enfrentar hasta cinco años de prisión, según su grado de participación y su conducta posterior al delito. Funcionarios taiwaneses dijeron a Nvidia que no intervienen en la causa, que está a cargo de la Fiscalía.
Nvidia declaró que realizó una investigación interna y no encontró indicios de que su empleado conociera el supuesto intento de desvío atribuido a trabajadores de otras compañías. La empresa añadió que contactó a las autoridades para entregar información solicitada y procurar el bienestar del empleado.
La compañía también buscó asesoría de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), su principal socio de producción, pero la firma taiwanesa declinó involucrarse, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. Chang no fue localizado para comentar las acusaciones.
El presunto tráfico de chips es un asunto sensible en Taiwán, donde se fabrican muchos de los procesadores de Nvidia. Estados Unidos restringió desde 2022 las ventas a China de ciertos aceleradores de la compañía, al advertir que podrían fortalecer capacidades militares de Beijing.



