La diputada federal por Chihuahua Carmen Rocío González Alonso solicitó que el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) informe sobre presuntas irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La legisladora pidió la comparecencia de su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
González sostuvo que la anunciada renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, no sustituye la obligación de aclarar los señalamientos y rendir cuentas.
De acuerdo con lo expuesto por la diputada y los hallazgos que atribuyó a la ASF, entre las posibles anomalías figuran convenios presuntamente simulados, triangulación de recursos, conflictos de interés y operaciones con empresas señaladas como factureras o sancionadas por autoridades fiscales. Afirmó que el monto involucrado superaría los mil millones de pesos.
La legisladora pidió que Carvente detalle el estado de las pruebas, las auditorías y la apertura de investigaciones. También solicitó información sobre posibles conflictos de interés, los padrones de proveedores y procedimientos de licitación denunciados.
Otro punto que, según González, debe aclararse es la situación de Jonhatan Navarrete Torres. La diputada lo identificó como prestador de servicios de chofer de Taddei y apoderado legal del corporativo ZEG, al que describió como beneficiario de contratos y licitaciones millonarias del INE.
Además, pidió explicar qué relación tiene José Alfredo Hernández Casillas con el instituto. La legisladora señaló que ha sido vinculado con empresas proveedoras de materiales electorales en distintos estados, también investigadas por la UIF.
González afirmó que los señalamientos ponen en duda la confianza en el organismo encargado de organizar las elecciones federales. Planteó investigar posibles conflictos de interés, nepotismo, tráfico de influencias u otros beneficios personales relacionados con proveedores.
“El INE no puede estar bajo la más mínima sospecha de corrupción, irregularidades o beneficios personales”, advirtió la diputada, quien sostuvo que la credibilidad del instituto no debe quedar comprometida por intereses particulares.
La legisladora añadió que para 2027 se contempla una asignación presupuestal para el órgano autónomo que casi duplicaría lo aprobado para 2026. A su juicio, ese escenario hace necesaria una fiscalización y transparencia máximas.
