La acusación EEUU políticos sinaloenses volvió a colocar en el debate nacional a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez después de que el gobernador sinaloense anunciara su regreso breve al cargo y el senador mantuviera su ausencia prolongada del Senado.
Finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York que involucra a diez funcionarios públicos en activo y retirados de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rocha Moya y el senador Inzunza Cázarez. Según el documento, ambos aprovecharon sus cargos para favorecer operaciones del Cártel de Sinaloa, específicamente la facción conocida como Los Chapitos, quienes supuestamente ayudaron a que Rocha Moya alcanzara la gubernatura mediante el robo de boletas y amedrentamientos a adversarios.
Rocha Moya respondió solicitando licencia temporal al Congreso del Estado para someterse a las diligencias mexicanas, compareció ante la Fiscalía General de la República y declaró haber contestado preguntas de un agente del Ministerio Público. La FGR sostuvo que, por falta de evidencia, no era necesario imponer medidas cautelares. Tras su comparecencia, el gobernador anunció su regreso al puesto el viernes 21 de agosto, pero horas después informó que solicitaba nuevamente una licencia indefinida.
Inzunza Cázarez, quien previamente fue magistrado presidente del Poder Judicial de Sinaloa durante casi once años, rechazó las imputaciones calificándolas de calumnias y atribuyéndolas a una supuesta injerencia del gobierno estadounidense. Aunque manifestó disposición para comparecer ante autoridades mexicanas, se negó a pedir licencia de su cargo. Un mes después acudió a un citatorio de la FGR sin abogado, actuando como su propia defensa en una audiencia a puerta cerrada de la que la dependencia encabezada por Ernestina Godoy no ofreció detalles.
Reportera Silvia Arellano señaló el 8 de agosto que el senador cumplía cien días sin aparecer presencialmente en el Senado, pese a formar parte de la Comisión Permanente. Esta ausencia, junto con la acusación estadounidense, provocó que opositores y sectores de la opinión pública le exigieran que solicitara licencia, petición que Inzunza ha ignorado hasta la fecha.
El escenario sinaloense se mantiene tenso dentro de las filas de Morena, donde otros coacusados como Gerardo Mérida Sánchez optaron por entregarse a autoridades estadounidenses, mientras que Rocha Moya y Inzunza insisten en su inocencia y en la ausencia de pruebas que justifiquen medidas restrictivas.
Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Senado programado para el 1 de septiembre, ambos funcionarios tienen pocas semanas para decidir entre ausentarse formalmente o presentarse pessoalmente. Mientras tanto, persiste la preocupación entre la dirigencia morenista y la ciudadanía sobre la posibilidad de nuevas acciones por parte de la justicia de Estados Unidos.
