Una iniciativa de la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, propone establecer en el Código Penal Federal el delito de reclutamiento forzado. Para los casos que involucren a menores de edad, plantea penas de 20 a 30 años de prisión.
La propuesta también contempla multas. Para el reclutamiento de personas adultas, prevé de 15 a 25 años de cárcel y de mil a dos mil días multa. Si la víctima es menor de 18 años, establece de 20 a 30 años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa.
El proyecto fue enviado a la Comisión de Justicia. Define el delito como obligar, inducir o incorporar a alguien a un grupo criminal para que cometa delitos, vigile, apoye labores logísticas o preste otros servicios.
La conducta podría realizarse mediante fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaño, presión económica o aprovechando una situación de extrema vulnerabilidad.
Para proteger a niñas, niños y adolescentes, la iniciativa prevé sancionar a quien los reclute, organice, financie, induzca, facilite, obligue o utilice en actividades delictivas vinculadas con la delincuencia organizada. En estos casos, no sería necesario acreditar violencia o engaño, y el consentimiento de la persona menor de edad no eximiría de responsabilidad penal.
Las penas podrían aumentar hasta en una mitad si la persona responsable es o fue servidora pública en instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, el sistema penitenciario o las Fuerzas Armadas. El mismo incremento se plantea cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, estén en situación de movilidad humana, tengan discapacidad o no puedan comprender el significado del hecho.
La iniciativa propone añadir al Código Penal Federal un capítulo titulado “Reclutamiento Forzado y Utilización de Personas Menores de Edad en Actividades Delictivas”. En la exposición de motivos, Aguilar sostiene que la legislación federal no contempla actualmente un delito autónomo de reclutamiento.
Según el documento, esa ausencia lleva a que las autoridades investigadoras recurran a figuras como trata de personas, secuestro o corrupción de menores. La diputada argumenta que una categoría penal específica permitiría perseguir la captación desde su origen y reconocer a las infancias reclutadas como víctimas, no como integrantes responsables de las estructuras criminales.
La propuesta también señala que establecer el delito ayudaría a atender las obligaciones de protección de la niñez y el principio del interés superior de niñas y niños, establecido en el artículo 4º de la Constitución Política.
