Campesinos acusan tráfico de influencias y corrupción en la entrega de concesiones durante el sexenio de Peña Nieto
Ejidatarios y agricultores de varias regiones del estado de Chihuahua denunciaron la perforación de miles de pozos ilegales por parte de empresarios menonitas, integrantes de la familia LeBarón y productores de nuez, situación que ha provocado una grave crisis de agua para pequeños y medianos agricultores.
De acuerdo con el dirigente agrícola y exdiputado federal Eraclio Rodríguez Gómez, estas perforaciones se realizaron con apoyo de jueces y funcionarios federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a través de sobornos que oscilaron entre los 12 mil y 25 mil dólares, y que derivaron en la entrega de concesiones irregulares por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Rodríguez detalló que los pozos ilegales se encuentran en municipios como Cuauhtémoc, Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada, donde acuíferos como Baja Babícora y Santa Clara —ambos en veda parcial— han sido sobreexplotados. “Estamos sin agua, sin subsidios ni financiamiento, mientras ellos prosperan con impunidad”, denunció.
Según el activista, el entonces delegado estatal de Conagua, Alejandro LeBarón González, y su esposa, Brenda Ríos Prieto, delegada de Semarnat en Chihuahua, facilitaron el cambio irregular de uso de suelo sin estudios de impacto ambiental, favoreciendo la expansión de huertas de nogal en tierras destinadas originalmente al pastoreo.
Por su parte, el senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa aseguró que el exgobernador César Duarte Jáquez recibió 125 concesiones en un solo día, el 20 de agosto de 2013, mediante la empresa Agroindustrias BVM, presuntamente utilizada como prestanombres para acaparar agua del acuífero Llano de Gigantes.
Esta dinámica permitió sembrar más de 500 mil nogales en zonas como El Sauz, provocando la desaparición de cuerpos de agua como la laguna Encinillas y la reducción crítica de mantos freáticos.
Robo de electricidad y perforaciones clandestinas
Además de la extracción ilegal de agua, las autoridades federales han identificado un uso indebido de la red eléctrica por parte de los pozos no registrados. En 2023, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) clausuró 876 perforaciones en zonas como Ascensión, El Sauz, Buenaventura y Namiquipa.
Actualmente, existen 18 mil 433 pozos agrícolas con contrato vigente en la CFE, aunque organizaciones locales estiman que en realidad hay más de 23 mil operando. La diferencia, indican, corresponde a conexiones clandestinas o “diablitos”, lo que ha generado constantes apagones en zonas rurales durante las temporadas de riego.
Los agricultores también denuncian que los pozos ilegales han desviado cauces naturales de ríos como el Casas Grandes, Carmen y Santa María, secando cuerpos de agua y presas como El Tintero y Las Lajas desde noviembre del año pasado.
A pesar de que las denuncias se han presentado ante la Profepa, Semarnat, Conagua y la propia CFE desde octubre de 2023, los afectados aseguran que las autoridades han hecho caso omiso debido al pago de sobornos por parte de los responsables. “El saqueo de agua y de electricidad continúa mientras el campo se seca”, concluyeron.
