Una iniciativa presentada por el diputado panista Paulo Gonzalo Martínez López propone facultar al Instituto Nacional de Migración (INM) para consultar y verificar antecedentes penales de personas extranjeras, siempre que estén sustentados en sentencias firmes.
La propuesta, turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios, plantea añadir la fracción XIV al artículo 20 de la Ley de Migración. El mecanismo abarcaría resoluciones de autoridades mexicanas o de otros países.
El proyecto prevé que el INM coordine las consultas con autoridades nacionales competentes y, cuando corresponda, con organismos internacionales, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Martínez López argumenta que la movilidad internacional hace necesario contar con información oficial para evaluar la situación migratoria de quienes buscan ingresar o permanecer en México. Señala que una persona condenada en otro país podría trasladarse al territorio nacional.
El legislador sostiene que la medida no busca criminalizar a las personas por su nacionalidad. La verificación se limitaría a condenas firmes, por lo que una imputación por sí sola no tendría que generar consecuencias migratorias, según la iniciativa.
“Una persona no debe ser considerada delincuente por ser extranjera, pero tampoco puede ignorarse una sentencia penal firme emitida por una autoridad competente de otro país cuando esa información resulte jurídicamente relevante para determinar su situación migratoria en México”, expresó Martínez López.
El diputado afirmó que los controles deben basarse en información oficial y decisiones judiciales definitivas, con una valoración conforme a la ley. También planteó fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información, sin cerrar el país a quienes llegan a trabajar, estudiar, invertir, visitar a sus familias o buscar protección.
