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Un Juzgado Federal otorgó suspensión definitiva a 15 integrantes de la red Cruzada por la Familia en Chihuahua, con lo cual se evita que sean obligados a proporcionar sus datos biométricos para la integración de la nueva CURP biométrica, que será documento nacional de identificación. Esta resolución se suma a cientos de amparos promovidos en más de 15 estados del país, donde los jueces federales han concedido medidas similares.
El coordinador estatal de Cruzada por la Familia, José Medrano Carrasco, explicó que la medida impugnada vulnera los derechos a la libertad y la privacidad, por lo que se busca que sea declarada inconstitucional. En tanto, Francisco Javier Valenzuela Casas, presidente de Conciencia Social, informó que los amparos se presentaron en entidades como Baja California, Sonora, Hidalgo, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Yucatán, entre otras.
Los representantes sociales advirtieron que la Plataforma Única de Identidad, que concentrará los datos personales de la población, permitirá al gobierno acceder a información sensible proveniente de registros públicos y privados, incluidos servicios financieros, de salud, telecomunicaciones y educación.
Asimismo, alertaron que esta centralización podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos y generar un efecto de vigilancia generalizada, al permitir incluso el acceso a datos de geolocalización y movimientos personales, lo que consideran una amenaza a las libertades fundamentales.
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