La crisis de desapariciones en México fue abordada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU por Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED). En su presentación del informe anual, expuso la aplicación inédita del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El procedimiento se activó el 2 de abril, cuando el Comité pidió al secretario general de Naciones Unidas remitir la situación mexicana a la Asamblea General. La decisión se basó en indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.
En su evaluación, el CED advirtió que las desapariciones forzadas se han cometido y siguen ocurriendo en el país; algunas, señaló, podrían tener características de crímenes de lesa humanidad. También reportó presuntos vínculos entre integrantes del crimen organizado y servidores públicos de distintos niveles de gobierno, además de impunidad y fallas en búsqueda e identificación forense.
El Comité recomendó cooperación técnica internacional para fortalecer investigaciones, labores de búsqueda y análisis forense. Asimismo, planteó establecer un mecanismo que contribuya a esclarecer los hechos y a brindar asistencia y protección a las familias.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las conclusiones del organismo, al considerar que eran tendenciosas y no reconocían las acciones institucionales emprendidas. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, por su parte, han pedido aceptar cooperación internacional y crear mecanismos independientes de investigación.
En un posicionamiento difundido ese martes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llamó al Estado mexicano a dejar el negacionismo y aprovechar la asistencia internacional para atender la impunidad, la crisis forense y la participación de agentes estatales en desapariciones.
Albán también informó sobre el vigésimo aniversario de la Convención y los desafíos para ampliar la adhesión de países. Entre los temas de su informe figuran las obligaciones de los Estados, las acciones urgentes de búsqueda, las comunicaciones individuales, las visitas del Comité y una observación general sobre mujeres y niñas ante las desapariciones forzadas.
