Nueva York y otros 21 estados, junto con el Distrito de Columbia, presentaron una demanda por carga pública contra la administración Trump. Buscan impedir que el Departamento de Seguridad Nacional aplique una norma que amplía su margen para negar visas, residencia permanente o el ingreso a Estados Unidos.
La regla está prevista para entrar en vigor el viernes. Permitiría evaluar si una persona podría depender de beneficios gubernamentales al resolver trámites migratorios. El litigio fue ingresado el lunes por la mañana ante el Distrito Sur de Nueva York.
Qué cuestionan los estados
Los demandantes sostienen que el DHS excede sus facultades porque el Congreso no autorizó una definición más amplia de “carga pública”. También afirman que la medida es arbitraria y caprichosa, pues no justifica sus efectos ni atiende sus posibles daños.
La disposición existe desde la Ley de Inmigración de 1882. Durante años, las autoridades consideraron principalmente apoyos en efectivo, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y el Ingreso de Seguridad Suplementario.
En 2020, la primera administración Trump incluyó Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda. En 2022, la administración Biden volvió a excluir los beneficios no monetarios. La nueva regla revocaría ese criterio.
El cambio tampoco enumera los programas que deben tomarse en cuenta. Solo señala que el DHS considerará cualquier beneficio público sujeto a pruebas de recursos económicos. Según Maddie Geschu, de la Coalición para la Protección de Familias Inmigrantes, también podrían valorarse apoyos solicitados para familiares, incluidos hijos ciudadanos estadounidenses.
Riesgo de bajas en programas públicos
Letitia James, fiscal general de Nueva York, dijo que las familias trabajadoras no deberían dejar de pedir apoyos por temor a consecuencias migratorias. Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, advirtió que el temor podría alejar a familias elegibles de servicios de salud y asistencia alimentaria.
La norma se dirige a personas con estatus legal en Estados Unidos. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para beneficios públicos.
Los estados anticipan que familias de estatus migratorio mixto podrían abandonar programas a los que tienen derecho. La demanda calcula que los estados demandantes podrían perder cerca de 2 mil 200 millones de dólares en pagos federales de Medicaid y CHIP, dentro de una estimación nacional de 4 mil 50 millones de dólares.
Además de Nueva York y el Distrito de Columbia, participan California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin. La acción solicita invalidar la norma y prohibir su aplicación, no una indemnización económica.
