La libertad de expresión es una garantía central para los medios y para quienes buscan información. En Chihuahua, ese debate alcanza a reporteros, empresas periodísticas y audiencias que exigen contenidos plurales.
El artículo 7 de la Constitución prohíbe, de manera prácticamente absoluta, la censura previa. Esto impide que una autoridad detenga la difusión de una idea antes de que llegue al público. También obliga a examinar con rigor las medidas que puedan provocar autocensura.
La protección de las decisiones editoriales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la tutela constitucional no se agota en hablar o escribir. Incluye las decisiones editoriales de los medios: elegir hechos, abrir investigaciones, publicar opiniones y definir el enfoque de una cobertura.
Cuando una autoridad limita un derecho fundamental, debe acreditar un fin constitucionalmente legítimo. Además, la medida debe ser idónea, necesaria y proporcional. La protección de las audiencias puede ser un fin válido, pero no libera a la autoridad de justificar la restricción.
El análisis exige demostrar que no existe una alternativa menos restrictiva. La transparencia, la autorregulación y la alfabetización mediática son mecanismos que deben considerarse antes de imponer cargas más intensas a la actividad informativa.
El estándar interamericano
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce dos dimensiones de este derecho. Una corresponde a cada persona, que puede investigar, expresar y difundir ideas. La otra pertenece a la sociedad, que tiene derecho a recibir información diversa.
El artículo 13 de la Convención Americana establece que la censura previa sólo puede admitirse para regular el acceso de menores a espectáculos públicos. Fuera de esa excepción, las restricciones deben plantearse mediante responsabilidades ulteriores.
El mismo artículo prohíbe limitar la expresión por vías indirectas. Presiones administrativas, controles económicos y cargas regulatorias desproporcionadas pueden afectar el debate público si generan un efecto inhibidor.
En Herrera Ulloa vs. Costa Rica, la Corte Interamericana advirtió que sanciones contra un periodista pueden desalentar el ejercicio periodístico. En Kimel vs. Argentina, señaló que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio ciudadano.
Por ello, los lineamientos sobre derechos de las audiencias deben revisarse con criterios de transparencia, motivación y control judicial. El objetivo no es elegir una opinión oficial, sino preservar el espacio para investigar, cuestionar y contrastar información.
