La libertad de Manuela se concretó el 20 de agosto de 2026, luego de que una nueva audiencia revisó el proceso penal que enfrentaba en Chihuahua. La mujer rarámuri regresó con su familia después de cumplir dos años en prisión.
Manuela fue vinculada a proceso por homicidio el 17 de junio de 2024. En la primera etapa, no se valoró de forma suficiente la violencia familiar que había enfrentado durante más de tres décadas.
Además, Manuela no habla español y entonces no contó con una intérprete de su misma variante lingüística. Esa condición limitó su comprensión del procedimiento y su participación en la defensa.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres promovió un juicio de amparo para reponer el proceso. La organización señaló también que dos testigos presenciales propuestos por Manuela no habían sido considerados adecuadamente.
En la audiencia celebrada el 20 de agosto, la jueza Silvia González Gutiérrez analizó el asunto con perspectiva de género y pertinencia cultural. Manuela tuvo por primera vez una intérprete que le explicó las actuaciones, respondió sus dudas y le permitió intervenir directamente.
Durante esa revisión se reconoció que la violencia ejercida por su pareja fue permanente y latente durante más de 30 años. También se expuso que Manuela intentó separarse en distintas ocasiones sin lograrlo.
La resolución estableció que, al momento de los hechos, Manuela se defendía y no tenía la intención de cometer un homicidio. Posteriormente fue vinculada por homicidio en exceso de legítima defensa y aceptó un procedimiento abreviado.
La pena impuesta fue de dos años de prisión, el tiempo que ya había cumplido. El mismo 20 de agosto obtuvo su libertad.
Para el CEDEHM, el caso subraya la necesidad de que las mujeres indígenas víctimas de violencia sean juzgadas con atención a su historia, contexto y condiciones culturales.
