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La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó regresar un fondo para víctimas que ya había sido restituido en 2024 y abrió la puerta a abrir casos que ya se habían cerrado.
Los dos primeros meses de funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedaron marcados por resoluciones en casos emblemáticos en materia fiscal, como el de Ricardo Salinas Pliego, y derechos humanos, donde los ministros dejaron sin posibilidad de reparación a víctimas de violencia, desaparición o de violaciones a garantías individuales por acción u omisión del Estado.
Esto debido a que –de manera inédita– se contravino el principio de “cosa juzgada” al revertir una decisión firme tomada por la anterior Corte, con la que se había garantizado el derecho de las víctimas a contar con recursos para recibir apoyo, reparación y medidas de no repetición de agravios sufridos.
El principio de “cosa juzgada” es una figura jurídica que implica que una vez que una sentencia se vuelve definitiva e inamovible, ya no se puede volver a juzgar el mismo asunto, lo que garantiza la seguridad jurídica de las partes.
Ese principio quedó en entredicho con la resolución de la Corte respecto a un fondo para víctimas que fue desaparecido en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que fue impugnado por Centro Prodh, una organización de defensa de derechos humanos, para su restitución.
En 2024, los integrantes de la antigua Corte avalaron que se siguieran destinando recursos para este fondo, pero con la llegada de los nuevos ministros esto se echó para atrás.
De acuerdo con Jesús Segovia, abogado del Centro Prodh, la situación que se cierne va más allá de víctimas, pues estima que con el tipo de decisiones de la Corte otros derechos están en riesgo.
“Decisiones que ya eran cosa juzgada, argumentos que ya no se podían volver a tocar, la Corte los está reabriendo y los está reabriendo para decidir de manera política algunas cuestiones, como es esto: presupuesto de víctimas”.
“Creemos que se está violentando el principio de cosa juzgada, es decir, cuando algo ya se decidió o algo ya se cerró, no se puede volver a reabrir. Y la Corte lo está haciendo mediante varios tipos de interpretaciones, como es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad”, Jesús Segovia, abogado del Centro Pro.
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