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Las tres nuevas consejerías asumirán el cargo para el periodo 2026-2035, las personas seleccionadas arbitrarán la elección intermedia del 2027 y los comicios presidenciales de 2030.
El relevo de los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) está en manos Morena, al controlar junto con sus aliados del PT y PVEM todas las fases del proceso de designación (ya en curso), desde el filtrado de nombres hasta la votación final en la Cámara de Diputados.
Esto despierta inquietud entre expertos, quienes advierten sobre un posible debilitamiento de la autonomía institucional y de la confianza pública en los comicios, lo que detonaría el regreso de conflictos poselectorales en el país.
Con la salida de Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, quienes concluyeron su encargo el 3 de abril, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados debe elegir a los nuevos consejeros y consejeras por un periodo de nueve años, hasta 2035.
Las fases están definidas en la Constitución, y tanto el Comité Técnico de Evaluación, instancia que filtra los nombres de los perfiles idóneos, como el pleno de esa Cámara, cuentan con mayoría cercana a Morena.
Edmundo Jacobo Molina, exsecretario Ejecutivo del INE, señala que más allá del procedimiento, que puede estar bien, es posible que al llegar al pleno de la Cámara la propuesta, Morena imponga su mayoría.
“La mayoría calificada la tienen la alianza de tres partidos y es probable que impongan esa mayoría sin la consideración de ninguna otra de las fuerzas políticas”, dice.
Al respecto, Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), el antecesor del INE, coincide que Morena “no tiene ningún interés en encontrar rutas de acuerdo con los partidos de oposición” y “da la impresión que ni se va a esforzar en buscar alguna ruta de construcción de consenso con la oposición”, por lo que queda es pedir que quienes queden como consejeros sean personas que tengan capacidad técnica.
Riesgos de un INE sin pluralidad
El Consejo General se integra por una o un presidente, diez consejeras y consejeros electorales derivados de una convocatoria abierta a los ciudadanos, consejerías del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y la o el titular de la Secretaría Ejecutiva, para ser un espacio de pluralidad, pero solo las y los consejeros electorales tienen voto en las decisiones y acuerdos.
Para Edmundo Jacobo Molina es crucial que haya acuerdos entorno a la conformación del INE pues en una elección todas las fuerzas políticas deben respetar y confiar en la autoridad electoral.
“(Lo ideal es que) quienes lleguen a las consejerías del INE, tengan ese respeto, ese respaldo, esa credibilidad de todos los actores políticos. Insisto, cuando no pasa eso, se pierde la legitimidad del órgano”, señala.
Por eso de acuerdo a Jacobo Molina podría romperse no solo la confianza en el árbitro o en las elecciones, sino generar dudas sobre los resultados y por tanto, detonar un conflicto político.
A su juicio aún es tiempo de que se valore ese riesgo de que dominar al órgano electoral iría en contra incluso de la fuerza mayoritaria.
“Lo que está en juego es la credibilidad del proceso electoral y cuando no hay credibilidad de la ciudadanía en los procesos electorales, lo que tenemos es problemas poselectorales como lo vivimos durante décadas”, alerta.
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