Los contratos del INE durante los dos últimos años de la gestión de Guadalupe Taddei se asignaron mayoritariamente sin licitación: 96 por ciento de más de 13 mil 300 acuerdos se adjudicó de forma directa, según una investigación publicada por La Jornada.
El monto de esas contrataciones alcanzó alrededor de 2 mil 829.7 millones de pesos. La adjudicación directa permite elegir a un proveedor sin convocar un concurso abierto; su uso es legal bajo ciertas circunstancias y debe contar con justificación.
Entre los proveedores mencionados en el reporte figuran empresas de seguridad, vigilancia y limpieza. Arzaa Protección y Vigilancia Especializada acumuló al menos 221 contratos para vigilancia y limpieza. Jurídicos Integrales FBP obtuvo 96 contratos por 54.13 millones de pesos.
También aparecen Vigilancia y Protección a la Sociedad, con más de 43 millones de pesos; Seguridad Privada Guns 8A, con 22.8 millones, y Protección y Logística Empresarial VYMSA, con 12.2 millones.
La investigación reportó además contratos con personas físicas. Ana María Juárez Hernández recibió al menos 49.5 millones de pesos mediante 60 convenios; también se le atribuyen otros dos contratos a través de Seguridad Privada Cabiexm.
El porcentaje de asignaciones directas no demuestra por sí solo una ilegalidad. Para determinar si hubo incumplimientos o responsabilidades, las autoridades tendrían que revisar las razones, los procedimientos y el cumplimiento de cada contrato.
A diferencia de la adjudicación directa, una licitación pública permite que varias empresas presenten ofertas. La revisión de los expedientes permitiría establecer si cada contratación estuvo debidamente justificada y bajo qué condiciones se ejercieron los recursos.



