La demanda en Cornell presentada por una exestudiante llevó a la Fiscalía del Distrito de Tompkins, en Nueva York, a revisar nuevamente un caso de presunta agresión sexual ocurrido en octubre de 2024.
La joven, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante varias horas. Los hechos habrían ocurrido en una casa de la fraternidad, ubicada en Ithaca.
La denunciante tenía 20 años cuando acudió al inmueble para visitar a un amigo, después de consumir alcohol. Según su demanda civil, dos miembros de Chi Phi la habrían presionado para inhalar una sustancia que ella cree que era ketamina.
Posteriormente, uno de los integrantes habría enviado un mensaje a un grupo de Snapchat de la fraternidad. En ese mensaje avisó que había una mujer en el piso superior para mantener relaciones sexuales, según la acusación.
La estudiante aseguró que varios hombres llegaron al lugar y la agredieron. Reportó lo ocurrido ante la policía universitaria aproximadamente tres semanas después.
La denuncia civil y la revisión penal
La demanda señala tanto a los siete hombres como a la Universidad de Cornell y a Chi Phi. La exalumna sostiene que las instituciones no la protegieron ni evitaron la presunta agresión.
“Lo que me sucedió fue devastador y humillante”, expresó la demandante en su denuncia. También explicó que busca mantener su identidad reservada por el estigma asociado con la violencia sexual.
De acuerdo con su abogado, dos de los acusados fueron expulsados de Cornell. Ninguno había sido detenido, según la información difundida sobre el caso. Tras los hechos, la joven dejó la universidad.
Matthew Van Houten, fiscal de distrito de Tompkins, informó que su oficina evalúa la posibilidad de presentar cargos penales. Dijo que las acusaciones contenidas en la demanda civil son “drásticamente diferentes” a la declaración inicial de la estudiante.
El fiscal señaló que revisarán si existen pruebas adicionales que no conocían en noviembre de 2024. Esa revisión podría modificar la valoración del caso y derivar en la intervención de un gran jurado.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional ante denuncias de violencia sexual en campus universitarios de Estados Unidos.
Información de El País.
