La detención de Inés Gómez Mont en Miami fue confirmada el viernes 30 de octubre por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que la captura derivó del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.
La Fiscalía indicó que Gómez Mont tiene vigente en México una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Hasta el 31 de octubre de 2026, no se había informado oficialmente si será extraditada ni cuándo podría ser trasladada a México.
La exconductora llevaba cerca de cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas. También ha sido vinculada, junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, a investigaciones por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos fiscales.
En 2021, un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró órdenes de captura contra ambos por su presunta participación en una estructura de empresas factureras. Las indagatorias relacionaron esa red con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y con un presunto fraude fiscal superior a 2 mil 900 millones de pesos.
Entre las compañías señaladas en las investigaciones figuran Servicios Opcionales Antequera, Grupo Hamcer, Corporativo Vicral y Grupo Adenso. Un abogado declaró entonces ante la FGR que la estructura operaba en varias entidades mexicanas y también en Estados Unidos, Panamá y Colombia.
La situación legal de Gómez Mont tuvo cambios en otro proceso: en noviembre de 2022, un juez concedió protección y dejó sin vigencia una orden de captura por una presunta defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos. Tras reponerse el procedimiento, un magistrado volvió a girar la orden en 2023.
Su esposo fue detenido en Miami el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a su situación migratoria, según la información difundida entonces. En julio de 2026, la FGR señaló que seguía sujeto a un procedimiento migratorio y que autoridades estadounidenses le habían concedido libertad bajo fianza, con dispositivo de geolocalización.
En septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol había cancelado las fichas rojas de búsqueda de la pareja. Dijo que el Gobierno de México buscaría revertir la decisión y solicitar la recuperación de las alertas internacionales.
