El Gobierno de España aprobó la protección ante desahucios de personas vulnerables hasta 2030, dentro de un paquete de medidas para atender la crisis de vivienda y alquiler.
La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre. El plan también contempla regular los alquileres de temporada y de habitaciones.
Además, establece una prórroga de dos años para contratos de arrendamiento vigentes que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028. La medida no equivale a contratos indefinidos, una de las exigencias planteadas por organizaciones de inquilinos.
El paquete limita hasta 2028 la adquisición de vivienda por parte de los llamados fondos buitre. Estas firmas y las plataformas de alquiler turístico de corta estancia han sido señaladas por manifestantes que cuestionan su impacto en la oferta habitacional.
Las disposiciones fueron impulsadas tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió durante 70 años en un departamento de Madrid. El caso generó protestas y reavivó el debate sobre el acceso a una vivienda asequible en España.
Mónica García, ministra de Sanidad, presentó el caso como un punto de inflexión. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, celebró el acuerdo y afirmó: “Hoy es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios. Y malo para especuladores”.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid consideró que las medidas representan una victoria de la movilización social, aunque pidió revisar el contenido completo de los textos. Activistas mantuvieron una acampada en la Puerta del Sol y se registraron concentraciones menores en ciudades como Málaga y Sevilla.
La discusión sobre vivienda ocurre a menos de un año de las elecciones legislativas españolas previstas para 2027.
Información de agencias.
