La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado. La reforma busca homologar los datos de los inmuebles y modernizar los catastros; en el debate, legisladores de oposición advirtieron que podría ampliar la base gravable del predial.
El dictamen recibió 299 votos a favor y 92 en contra durante su aprobación en lo particular, en la madrugada del miércoles.
Debate sobre el impacto municipal
Legisladores del PAN y del PRI llamaron a la propuesta un posible “predialazo”. Su preocupación se centra en que actualizar los valores catastrales e incorporar predios aún no registrados podría incidir en el cálculo del impuesto.
El priista Arturo Yáñez señaló que el valor catastral es uno de los elementos considerados para calcular el predial. Diputados panistas cuestionaron, además, que los municipios deban cubrir con recursos propios las nuevas obligaciones tecnológicas. También plantearon que los estándares y plataformas nacionales podrían reducir la autonomía municipal.
Representantes de Morena y el PT rechazaron que la ley ordene un aumento automático. Sostuvieron que el cobro del predial sigue bajo facultad municipal y que la reforma no fija una tasa mayor.
La petista Nora Merino argumentó que contar con información catastral más precisa no implica, por sí solo, elevar el impuesto. Ricardo Mejía Berdeja defendió que el cambio busca dar certeza jurídica sobre los inmuebles y atender problemas como los registros duplicados y las escrituraciones.
Identificación única para inmuebles
La propuesta crea una Clave Única Catastral para identificar cada inmueble y relacionar sus datos catastrales con el folio real correspondiente. También prevé una Cédula Única Catastral y Registral y plataformas nacionales para homologar trámites e interconectar catastros y registros públicos de la propiedad.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrían atribuciones para emitir lineamientos, desarrollar plataformas y coordinar el Plan Nacional Catastral.
Estados y municipios deberán implementar las disposiciones con sus propios presupuestos. La reforma también contempla coordinación con el Inegi para fortalecer la información sobre las capacidades de los catastros locales.
