Una iniciativa del Congreso de Chihuahua plantea reforzar la protección contra la explotación laboral infantil, con operativos de detección y rescate, inspecciones y coordinación entre autoridades.
La propuesta fue enviada al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Busca prevenir y combatir el trabajo infantil, con atención especial a menores en contextos de migración y vulnerabilidad.
El dictamen fue presentado por la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. El documento advierte que el trabajo infantil afecta el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y puede vulnerar sus derechos a la educación, la salud, el descanso y el sano esparcimiento.
Como referencia, el dictamen cita que en 2022 cerca de 3.7 millones de personas de entre 5 y 17 años estaban en situación de trabajo infantil en México, equivalente al 13.1 por ciento de ese grupo de edad. De ellas, 2.1 millones realizaban ocupaciones peligrosas y 1.6 millones enfrentaban condiciones nocivas en quehaceres domésticos.
La iniciativa propone operativos especiales para detectar y rescatar a menores que trabajen, con prioridad en comunidades indígenas, zonas rurales de alta marginación y contextos migratorios. Plantea que participen autoridades laborales y procuradurías de protección de la niñez; también podrían intervenir corporaciones de seguridad pública y autoridades migratorias cuando sea necesario.
Además, contempla visitas de inspección periódicas, sorpresivas y prioritarias en sectores y regiones con mayor incidencia. La propuesta prevé facilitar medidas de seguridad y sanciones cuando se detecten actividades contrarias a la ley.
Para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados que sean encontrados trabajando, el proyecto plantea que no sean detenidos por motivos migratorios. En su lugar, propone canalizarlos a instancias de asistencia y protección.
También busca fortalecer la colaboración entre autoridades laborales, de seguridad pública, educativas, migratorias y de protección de la niñez para brindar atención integral y evitar que las víctimas sigan en situaciones de explotación. El texto incluye la participación policial en inspecciones y rescates, y propone considerar falta grave que servidores públicos omitan intencionalmente avisar o intervenir dentro de sus atribuciones ante posibles casos.
La iniciativa que originó la propuesta fue presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
