El Congreso de Chihuahua aprobó cambios a cuatro leyes estatales para reforzar la prevención y atención de la violencia sexual. Las modificaciones incluyen apoyos para víctimas y acciones en el transporte público.
La diputada Irlanda Márquez Nolasco, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, señaló que las reformas derivan de iniciativas enfocadas en la dignidad humana, la protección de la infancia y la erradicación del abuso sexual.
Los cambios alcanzan las leyes del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Movilidad, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Víctimas.
El nuevo marco establece medidas de prevención, detección, atención integral y protección. Su aplicación deberá considerar derechos humanos, perspectiva de género y debida diligencia.
Atención para víctimas e hijas e hijos
La atención médica y psicológica gratuita se extenderá a niñas, niños y adolescentes bajo patria potestad, guarda, custodia o cuidado de la víctima. La medida aplica en casos de violencia familiar o sexual.
También se reconoce el derecho a recibir atención digna, oportuna y sin revictimización. Las autoridades deberán facilitar un traslado seguro para la víctima y, cuando proceda, para sus hijas e hijos.
Ese traslado se brindará hasta que se determine la medida de protección correspondiente. Además, deberán actualizarse los protocolos estatales de prevención, detección, atención e intervención conforme a los instrumentos nacionales aplicables.
Protocolo para el transporte público
Las reformas incorporan protección prioritaria para mujeres, niñas, niños y adolescentes ante violencia sexual en el transporte público. Se prevén acciones preventivas, campañas informativas, canales de denuncia y mecanismos de atención.
La legislación ordena crear el Protocolo Estatal de Actuación ante casos de abuso sexual en el transporte público. El documento fijará criterios mínimos de prevención, atención y coordinación entre instituciones.
Las personas operadoras del transporte recibirán capacitación periódica. La formación abordará prevención, detección y respuesta ante violencia sexual, violencia contra las mujeres y protección de menores de edad.
La Política Estatal de Igualdad también deberá prever acciones contra el abuso sexual en ámbitos laborales, escolares, comunitarios e institucionales. Los programas públicos incorporarán mecanismos de denuncia, acompañamiento y canalización.
En la Ley de Víctimas se añadió el concepto de deberes reforzados de protección del Estado. Las autoridades deberán proteger la vida, integridad, libertad, seguridad, bienestar físico y mental, dignidad y autonomía de las víctimas.
