El Congreso del Estado expidió la Ley del Instituto del Fondo Estatal de Vivienda para las Personas Trabajadoras al Servicio del Estado de Chihuahua. La norma crea un organismo para ampliar las opciones de vivienda de quienes laboran en el Gobierno estatal.
El nuevo Instituto será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Su propósito es facilitar créditos y esquemas de arrendamiento social para comprar, construir, reparar o ampliar vivienda.
El dictamen fue presentado por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El legislador explicó que se requiere una estructura administrativa y un marco jurídico específico para operar un fondo de vivienda dirigido al personal estatal.
La ley ordena definir políticas, programas, instrumentos y apoyos relacionados con la producción de vivienda en Chihuahua. También establece reglas para la organización, administración, vigilancia, control y rendición de cuentas del Instituto.
El financiamiento podrá destinarse a vivienda nueva o usada, a suelo para construir, así como a reparación y ampliación. Las personas derechohabientes también podrán acceder a cofinanciamientos con instituciones financieras y solicitar otro crédito después de liquidar el anterior.
El Instituto deberá operar un sistema de financiamiento que otorgue crédito barato y suficiente a las personas trabajadoras. Las aportaciones patronales a cada cuenta individual serán patrimonio de la persona trabajadora e integrarán el Fondo Estatal de Vivienda.
Su patrimonio podrá recibir aportaciones, servicios y subsidios de los gobiernos federal y estatal, además de los sectores privado y social. Incluirá ingresos por servicios, actualizaciones, recargos, sanciones, multas, créditos, bienes, derechos y rendimientos de inversión.
Un Órgano Interno de Control, con autonomía técnica y de gestión, revisará el ejercicio del gasto y realizará auditorías e informes. También evaluará los avances financieros de los programas autorizados.
Los artículos transitorios fijan 190 días hábiles para que el Ejecutivo Estatal presente el marco normativo correspondiente. Las aportaciones comenzarán con la creación del Instituto y el primer Consejo Directivo se instalará por la transmisión del Poder Ejecutivo Estatal de 2027.
Durante su primer año de servicios, el Instituto deberá dar prioridad a trabajadores sin vivienda propia y con menores niveles salariales.
