Durante su gestión como gobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez ordenó la construcción de varias presas en su rancho El Saucito que, según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), contaban con capacidad de hasta 700 000 m³, lo que provocó un grave desabasto de agua para al menos 100 comunidades agrícolas en los municipios de El Tule y Balleza.
Román Alcántar Alvidrez, gerente de CONAGUA en Chihuahua, aseguró que estas presas privadas “dejaban sin agua y sedientos a decenas de comunidades indígenas” al desviar recursos hídricos esenciales para el riego y el consumo local.
Este conflicto agrava aún más la crisis de sequía que atraviesa el estado, intensificada por el acaparamiento de recursos hídricos por parte del exgobernador, actualmente en libertad condicional por delitos relacionados con peculado agravado.
El problema afecta especialmente a comunidades rurales, donde los habitantes dependen de fuentes locales para su suministro diario y para su actividad agrícola. Mientras tanto, agricultores y ganaderos han iniciado traslados forzosos de ganado y cultivos debido a la escasez extrema de agua, temiendo por la sostenibilidad de sus actividades .
Ante esta situación, autoridades estatales y federales se enfrentan al desafío de restablecer el acceso al agua y decidir el futuro de las presas privadas construidas de manera irregular. El caso destaca cómo decisiones de administración pública pueden traducirse en crisis para comunidades vulnerables.
