La reforma electoral de Chihuahua volvió al centro del debate luego de que el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza cuestionó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar parte de las medidas aprobadas en el estado.
El presidente municipal sostuvo que la resolución debió enviar un mensaje más firme frente a la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales. En ese contexto, afirmó que la Corte debió “dar un golpe a la mesa”.
Bonilla también acusó a los ministros de actuar “por consigna” y expresó su preocupación por la violencia, las desapariciones y el desplazamiento de familias en distintas regiones del país. Sus señalamientos fueron dirigidos contra Morena, partido al que atribuyó un supuesto “narcopacto”.
Durante su posicionamiento, mencionó a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Las referencias fueron planteadas por el alcalde como parte de su crítica política.
La gobernadora María Eugenia Campos había señalado que la reforma buscaba frenar el uso de recursos ilícitos y la participación de personas vinculadas con la delincuencia organizada en elecciones. También contemplaba anular una elección cuando se acreditara la intervención criminal.
Bonilla insistió en que la Suprema Corte debió considerar el riesgo de la injerencia delictiva en las contiendas. “Qué tristeza que hoy también los magistrados de la Suprema Corte actúen por consigna”, declaró.
