En las últimas horas trascendió que Madhay Soto Morales, Jueza del Distrito Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua del Poder Judicial de la Federación, falló a favor de dos amparos interpuestos contra el decreto por el que se aprobó el alza a la tarifa de transporte el pasado 5 de abril.
Tras meses de desarrollo del proceso judicial ante el tribunal federal, el día de ayer fue dado a conocer que se obtuvo dos resolutivos a favor de dos personas, identificadas como las “partes quejosas” que se ampararon el pasado 25 de abril contra el decreto publicado ante el Periódico Oficial del Estado el día 5 de abril tras el acuerdo del Consejo Consultivo de Transporte de la entidad de elevar la tarifa a $12 y $10 pesos en toda la entidad.
¿Qué fue lo que determinó la autoridad judicial?
“Ilegalidad” en el estudio realizado por la secretaria general de Gobierno
“Se establece que el Secretario General de Gobierno al autorizar el incremento de las tarifas de transporte público, no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 157 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, el que dispone que las tarifas del transporte público colectivo y masivo se establecerán con base en los estudios y análisis especializados y técnicos que se lleven a cabo, de acuerdo a cada tipo o modalidad del servicio de transporte, los cuales serán elaborados por la Secretaría”.
De acuerdo con la propia autoridad judicial, el titular de dicha dependencia incurrió en la “ilegalidad” al no acreditar la realización conforme a la ley del estudio con el cual basaron el aumento.
Las personas que se ampararon podrán pagar $9 por el transporte (la tarifa anterior)
“No se le aplique a la quejosa ni en el presente ni en el futuro el Acuerdo por el que se determina y autoriza la tarifa aplicable al servicio de transporte público colectivo del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de cinco de abril del año en curso”.
Además, añadieron: “Se le permita pagar la tarifa de transporte público, conforme al anterior Acuerdo por el que se determina la tarifa aplicable al Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano de Chihuahua”.
La secretaria general deberá publicar un decreto en el POE garantizando que se les cobre la tarifa anterior
“Para declarar cumplida la sentencia de amparo, es suficiente con que el secretario general de Gobierno o quien tenga facultades para ello, emita un acuerdo o constancia en el que expresamente establezca que:
- A la quejosa no se le aplicará ni en el presente ni en el futuro el Acuerdo por el que se determina y autoriza la tarifa aplicable al servicio de transporte público
colectivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el cinco de abril del año en curso”.
Evaluación a transportistas en cuanto a renovación de unidades deberá realizarse el mes de octubre
Pese a la narrativa del tiempo para llevar a cabo la evaluación al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Consultivo en un periodo de seis meses a partir de la notificación a los concesionarios, la juez determinó la medida como “improcedente” y sentenció que la evaluación para determinar la remisión de concesiones deberá ser realizada seis meses a partir de que se publicó el acuerdo en el POE (Periódico Oficial del Estado), sin excepción.
¿A quiénes aplicará el resolutivo?
Únicamente aplicará a las dos personas que obtuvieron el resolutivo a su favor ante la autoridad judicial, el resto de la población deberá seguir pagando la tarifa publicada en el POE el 5 de abril
Cabe destacar que una de las partes amparadas responde al nombre de Carolina Stenner, asesora de MORENA en el Congreso del Estado.
En cuanto a la secretaria general que encabeza Santiago De la Peña Grajeda, no han emitido comentarios sobre los resolutivos, así como la impugnación de los mismos ante un tribunal colegiado.
