La violencia escolar en México dejó 16 personas muertas y 24 heridas en 15 agresiones registradas entre 2014 y 2026. En seis episodios con víctimas mortales se usaron armas de fuego, según un recuento hemerográfico.
Los hechos ocurrieron en planteles públicos y privados. Participaron principalmente estudiantes y exalumnos menores de edad, aunque también hubo agresores de entre 18 y 20 años. El más joven tenía 11.
Además de armas de fuego —entre ellas un fusil AR-15 calibre 5.56 milímetros—, en los ataques se utilizaron armas blancas, objetos punzocortantes y contundentes. El recuento incluyó también la detonación presuntamente accidental de un arma hechiza con forma de bolígrafo y calibre .22.
Tres de las 16 personas fallecidas fueron los propios agresores: dos murieron por suicidio en los planteles y otro falleció posteriormente en prisión. Las otras 13 víctimas eran estudiantes o personal escolar, incluidos docentes, directivos y trabajadores administrativos.
Coahuila acumuló tres casos; Estado de México, Jalisco y Querétaro registraron dos cada uno. Hubo un episodio en Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla y Sinaloa. Las circunstancias variaron: se documentaron ataques deliberados, conflictos entre alumnos y un incidente presuntamente accidental.
Medidas federales de prevención y atención
El gobierno federal anunció acciones para prevenir la violencia, atender la salud mental y detectar conductas de riesgo. Entre ellas está la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, enfocada en hábitos saludables y prevención del consumo de sustancias mediante orientación y acompañamiento.
Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, casi 154 mil jóvenes participaron en actividades preventivas y 4 mil 805 fueron canalizados a servicios especializados, de acuerdo con cifras oficiales. En abril de 2026 se presentó el programa ABC de las Emociones, dirigido a fortalecer habilidades socioemocionales, redes de apoyo y entornos escolares saludables.
Tras los incidentes del 30 de septiembre en Querétaro y del 1 de octubre en Coahuila, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que se reforzaría el diálogo entre docentes y estudiantes, la participación familiar y la creación de vínculos de confianza para reconocer riesgos a tiempo.
El 2 de octubre, la administración federal informó que integraría un grupo interinstitucional con dependencias de seguridad, educación, asesoría jurídica, inteligencia y transformación digital. También planteó instalar buzones confidenciales en las escuelas para facilitar la detección temprana de situaciones preocupantes.
La Línea de la Vida, servicio de orientación activo desde 1999, reportó más de 174 mil atenciones durante el periodo referido, con apoyo de canales digitales. Sin embargo, las cifras disponibles no precisan cuántos hechos se evitaron ni permiten medir el efecto de las intervenciones ante agresiones graves.
Propuesta para regular contenidos digitales
El 9 de octubre se presentó un proyecto de decreto para establecer obligaciones de protección de niñas, niños y adolescentes para las plataformas digitales. La propuesta contempla detectar, reportar y retirar contenidos sobre extremismo violento, acoso escolar, autolesiones, suicidio, violencia sexual y otros riesgos para menores.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el decreto se publicaría la semana siguiente. El alcance definitivo y la forma de aplicación dependerían del texto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública en diciembre de 2023 fijan procedimientos para prevenir, detectar, notificar, atender y dar seguimiento al acoso escolar en educación básica. También prevén medidas para evitar su repetición y coordinación entre autoridades educativas.
El artículo 43 contempla la participación de autoridades locales en el registro y seguimiento de quejas, denuncias y casos atendidos o canalizados. El instrumento incluye la recopilación y vigilancia de información para identificar causas y diseñar intervenciones; no es, por sí solo, un protocolo específico para todos los ataques armados o agresiones graves.
Qué establece la justicia para adolescentes
La responsabilidad jurídica depende de la edad y las circunstancias de cada caso. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece un régimen especial para personas de 12 años y menores de 18. Quienes tienen menos de 12 años no están sujetos a responsabilidad penal bajo ese sistema; las autoridades de protección deben intervenir para resguardar y restituir sus derechos.
Conforme al artículo 145, las sanciones para menores de 14 años no pueden privarles de la libertad. El internamiento máximo es de tres años para quienes tienen entre 14 y menos de 16, y de cinco años para adolescentes de 16 y menos de 18. La ley lo reserva como medida extrema para supuestos expresamente previstos, entre ellos ciertos delitos graves.
El sistema también contempla medidas socioeducativas y justicia restaurativa, además de límites específicos a la privación de la libertad.
Un caso ocurrido el 24 de marzo de 2026 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, involucró a un estudiante de 15 años que entró con un fusil AR-15 a la preparatoria Antón Makárenko y asesinó a dos profesoras. El 17 de julio, un juez especializado le impuso tres años de internamiento mediante procedimiento abreviado y fijó una reparación del daño de 3 millones 280 mil 769.07 pesos para las víctimas indirectas.
Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley 2026, del Imegi, reportaron que en 2024 hubo 35 mil 193 adolescentes imputados por presuntos delitos y 27 mil 912 víctimas en carpetas de investigación de justicia penal para adolescentes. Al cierre de ese año, 4 mil 95 adolescentes cumplían medidas de sanción: 64.3 por ciento no privativas de libertad y 35.7 por ciento privativas o restrictivas.
