InicioRegionalASE reporta 1,400 revisiones y propone sancionar sobreprecios en compras públicas

ASE reporta 1,400 revisiones y propone sancionar sobreprecios en compras públicas

Chihuahua, Chih.- Las auditorías de la ASE alcanzan aproximadamente mil 400 revisiones desde 2019, informó Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

El funcionario presentó el informe de avances de la revisión de la Cuenta Pública 2026. El documento corresponde al corte semestral que la institución entrega al Poder Legislativo antes del reporte general de cierre de año.

De acuerdo con Acosta Félix, el trabajo de fiscalización también ha generado cerca de 12 mil observaciones. A partir de esas revisiones se promovieron alrededor de 2 mil 800 denuncias administrativas.

Del total de denuncias, unas 2 mil 450 se relacionan con faltas no graves. Cerca de 350 corresponden a conductas consideradas graves.

“Lo que vamos a hacer es exponerles precisamente estos datos a los diputados y especialmente atender alguna solicitud de ampliación de la información que ya viene contenida en el informe”, comentó.

Durante la reunión, el auditor planteó modificar la legislación sobre responsabilidades administrativas. Su propuesta busca incluir conductas que hoy no pueden ser sancionadas, entre ellas los sobreprecios detectados en adquisiciones gubernamentales.

Acosta Félix señaló que las autoridades fiscalizadoras operan con un catálogo específico de faltas. Cuando una irregularidad no está contemplada expresamente, la ASE únicamente puede emitir recomendaciones.

“Un catálogo que nos permite determinar que ciertas conductas podemos denunciarlas, otras más que lamentablemente estamos detectando como irregularidades, pero que no caben en el catálogo, únicamente estamos haciendo recomendaciones”, expuso.

El titular de la ASE consideró pendiente una revisión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Mencionó que los sobreprecios en bienes y servicios de los gobiernos pueden justificarse mediante estudios de mercado permitidos por la normatividad vigente.

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