La Fiscalía española ha presentado acusaciones contra la cantante colombiana Shakira, alegando que defraudó más de 6 millones de euros a Hacienda en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018. Se sostiene que utilizó un complejo entramado societario con sede en paraísos fiscales para llevar a cabo esta evasión fiscal.
La querella presentada hace tres meses por el Ministerio Público español ya fue notificada a la artista en Miami, y como resultado, un tribunal en Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa contra Shakira por dos delitos contra la Hacienda Pública.
Esta no es la primera vez que Shakira se enfrenta a acusaciones de evasión fiscal en España. En una causa anterior, la cantante fue acusada de defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, y el juicio está programado para comenzar el próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona.
En la nueva querella, se afirma que Shakira defraudó 5.3 millones de euros en el impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF) relacionados con sus ingresos por su gira de 2018 “El Dorado” y la cesión de derechos intelectuales. También se le acusa de defraudar otros 773,600 euros en el impuesto de patrimonio debido a sus propiedades e activos financieros por valor de 12 millones de euros.
Para cometer estos presuntos delitos fiscales, la Fiscalía alega que Shakira empleó un entramado de sociedades y presentó declaraciones de impuestos “inveraces”, en las que no declaró ingresos y dedujo gastos de manera inapropiada para reducir sus obligaciones fiscales.
Además, se afirma que Shakira utilizó sociedades instrumentales en diversos países, incluyendo Luxemburgo, España y otros, para gestionar sus ingresos y patrimonio sin llevar a cabo actividad real en estas empresas.
La artista también es acusada de deducirse gastos personales, incluyendo viajes en jet privado y billetes de avión para sus hijos y su educadora, que la Fiscalía considera no deducibles.
Shakira está pendiente de juicio por otra querella de fraude fiscal en 2018, a pesar de haber devuelto 17.2 millones de euros a la Agencia Tributaria una vez que se enteró de que estaba siendo investigada. En ese caso, la Fiscalía solicita una pena de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23.8 millones de euros.
La cantante aún tiene la opción de llegar a un acuerdo con las acusaciones antes del juicio, que incluye a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana.
